Nuestra cliente se encontraba en situación asimilada al alta por convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, y su profesión habitual era la de propietaria de parada de mercado. Tras la solicitud de incapacidad permanente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la prestación sin tener en cuenta el conjunto real de patologías incapacitantes.

Se interpuso demanda judicial, aportando informe pericial especializado donde se documentaban, además de la fibromialgia y artropatía lumbar, síndrome de Addison y osteoporosis severa, patologías endocrinológicas y reumatológicas omitidas por la valoración administrativa. En juicio quedó acreditado que estas enfermedades comprometían gravemente la autonomía funcional y la movilidad, por lo que el tribunal estimó la demanda, reconociendo la incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.